Desafíos, retos, y posibles cambios de doctrina operacional.
El pasado viernes 12 de agosto, el presidente Gustavo Petro, junto con su ministro de defensa, Ivan Velázquez, anunció el cambio de la cúpula militar. Esto provocó un gran remesón al interior del ejército y la Policía, pues salieron alrededor de 10 y 20 altos oficiales en cada una de estas fuerzas, respectivamente.
Quedará un gran vació en nuestra fuerza pública, puesto que salieron generales con una gran trayectoria (algunos con más de 35 años de servicio activo) y excelentes resultados contra el crimen. Algunos de ellos habían liderado los grandes golpes a las estructuras criminales y de narcotráfico, como la captura de alias Otoniel, además de estar al respondiendo a los desmanes de paro nacional de 2021; lo cual ocasionó daños irreparables a la economía Nacional.
Estos son los nuevos generales que encabezaran la nueva cúpula militar y de policía; designó al general Helder Giraldo como comandante de las Fuerzas Militares; al general Luis Mauricio Ospina, en el Ejército; al general Luis Carlos Córdoba, en la Fuerza Aérea; al vicealmirante Francisco Cubides, como jefe de la Armada, y al general Henry Armando Sanabria, como director de la Policía, excelentes profesionales con una hoja de vida intachable y más de 30 años de experiencia al servicio del país.
En su discurso sobre la asignación de la nueva cúpula, Gustavo Petro dijo: “
Esta es la cúpula de la fuerza pública: queda a disposición de la paz y de la ciudadanía en general. Les pedimos cero tolerancia con la corrupción y respeto por los derechos humanos. Esta fuerza pública tiene que ser profesional”.
Son muchos los retos en materia de seguridad que tiene la nueva cúpula, según un documento de la Cruz Roja Colombiana, en territorios de disputa por grupos armados ilegales, aumentó en un 60% el número de víctimas civiles. Además de los aumentos de personas desaparecidas, el año pasado se reportaron 1.413 según medicina legal, actualmente hay más de 21.307 personas desplazadas, y desde el acuerdo de paz se han asesinado a 1327 líderes sociales y firmantes de paz desde 2016. Eso sumado al aumento en el cultivo de coca del 15% pasando de 212.000 hectáreas a 245.000 hectáreas. Asimismo, se pasó de 936 a 1.010 toneladas de producción potencial de cocaína, según el reporte de la Casa Blanca, y sin dejar por fuera que
actualmente hay cerca de 4.471 hectáreas más de explotación ilícita de minerales como el oro, ocasionando daños medioambientales irreversibles.
Sin duda son grandes los retos del gobierno nacional y se habla de un posible cambio de doctrina operacional, ya no se hablaría de número de bajas sino de número de vidas salvadas, lo cual expreso en campaña y lo reafirmo con un reciente trino en su cuenta de twitter:
“La comisión de masacres y su impunidad en jurisdicciones de mandos militares y policiales afectará la hoja de vida de los mandos. Desde ahora todo mando militar o policial en su jurisdicción debe velar por neutralizar al máximo la comisión de masacres y muerte de líderes sociales”
Este trino desató fuertes críticas de diversos sectores de ex-militares y exministros, ya que según ellos el Presidente de la República estaría culpando a militares y policías de muertes de líderes sociales de las cuales nuestros soldados no tiene que ver; se podría estar hablando de un daño a la institucionalidad, y se estaría invisibilizando el actuar las bandas criminales, las disidencias de las FARC el ELN y el clan del golfo que han sido los causantes de estas muertes. No obstante los miembros de las fuerza pública han buscado proteger como fin único de su juramento como servidores de la patria.
Además, estos sucesos son una ante sala de la posible salida de la Policía del Ministerio de Defensa, y buscarían llevarla al Ministerio del Interior o al ministerio que crearan en los próximos años (también el posible fin del ESMAD, según lo contemplaba el plan de gobierno de Gustavo Petro), este cambio de ministerio y de mando debilitará la lucha contra el crimen organizado, ya que la Policia cuenta con 8 fuerzas especiales encargadas de combatir en terreno rural y urbano a estas estructuras, 7 grupos que están a disposición en caso desastres naturales y otras 18 especiales encargadas de la vigilancia y control, además de hacer actividades cívicas.
En los últimos meses ha sufrido la perdida de más 30 hombres y mujeres mediante el pan pistola, puesto en práctica el clan del golfo como represaría por la captura de alias Otoniel y estaría pagando más de 5 millones por uniformado muerto.